Las neodicturaduras, al igual que sus predecesoras, han tratado de controlar a los medios de información y comunicación para que la población solo conozca un lado de la historia, la historia oficial. Así observamos como en la región latinoamericana algunos gobiernos elaboran leyes que controlen lo que puede decir el ciudadano común. Además, estas neodictaduras pretenden que los funcionarios públicos o especialistas no puedan opinar o declarar sin tener la anuencia de instancias oficiales o superiores.

Por ejemplo en Ecuador una sentencia de la Corte Constitucional pretende imponer el concepto falangista introducido en la Ley de la Prensa de Franco en 1938, que estableció a la comunicación como servicio público, pasando por encima el concepto de la comunicación como un derecho humano. Derecho qué fue consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en muchas de las constituciones nacionales.

La preocupación mundial por estas nuevas dictaduras disfrazadas de democracia a llevado a organismos como la ONU a generar estudios como el “Informe sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo” realizado por Alfred-Maurice de Zayas en 2013. Este informe enfatiza que un gobierno no es necesariamente democrático porque realiza elecciones, sino que debe garantizar, entre otras cosas, autonomía e independencia de las instituciones públicas, la libertad de expresión y el respeto a las minorías y a los partidos políticos.

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