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Sobre los programas de protección social. ¿Podemos los venezolanos no comparar?

Empezamos nuestras entregas de 2019 con un tema que nos apasiona: los programas de protección social, que cuando han sido debidamente planeados, implementados y evaluados, constituyen una poderosa herramienta en pro del desarrollo humano y contra la pobreza.

Cuando los programas se basan en asignación de dinero, algo que pareciera equivalente a los actuales “bonos” del gobierno venezolano, el nombre técnico que reciben es “transferencias monetarias” (cash transfers) y son “condicionadas” cuando los incentivos se otorgan para ser invertidos en el capital humano (niños y miembros de la familia) por medio de transferencias supeditadas a ciertas conductas como asistir al colegio, vacunarse, asistir a consulta médica prenatal, a capacitación nutricional, tener buen rendimiento estudiantil, etc. Se llaman Programas de Transferencia Monetaria Condicionadas (PTMC). Como lo hemos dicho en MiradorSalud, es perfectamente válido que un gobierno recurra a estas estrategias para proteger a sus ciudadanos, pero todo programa social tiene que ser evaluado constantemente para tomar decisiones informadas y técnicas que mejoren su ejecución y cumplan con sus objetivos.

Una experiencia latinoamericana muy evaluada se ha convertido en referencia universal:  Bolsa Familia. Considerada el mayor PTMC de Brasil y del mundo, fue una pieza clave de las políticas sociales de Lula, que continúa vigente. Cuenta con el apoyo técnico del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial. Según este último, en la primera década de funcionamiento, Bolsa Familia logró reducir a la mitad la pobreza en Brasil. Bolsa Familia proporciona ayuda financiera a familias pobres de Brasil, y a cambio, las familias deben asegurarse de que los niños asistan a la escuela y cumplan los calendarios de vacunación.

Las evaluaciones se han basado en diseños experimentales rigurosos y han mostrado consistentemente impacto a corto plazo como: el alivio de la pobreza, mejores resultados de salud y un mayor rendimiento escolar.

Los programas de protección social pueden incluir la distribución directa de alimentos. Un buen ejemplo es el exitoso programa social de los Estados Unidos: Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Lactantes y Niños (WIC).

WIC atiende a mujeres embarazadas y después del parto, bebés y niños hasta la edad de 5 años. Las familias son evaluadas socio-económicamente para saber si califican para WIC. Desde 1975, el programa atiende a casi 7.3 millones de personas y el 53 por ciento de todos los bebés nacidos en los Estados Unidos. WIC brinda educación sobre nutrición, apoyo a la lactancia materna, alimentos nutritivos y referencias a servicios sociales y de salud. Los alimentos se proporcionan en un paquete predeterminado, que incluye frutas, hortalizas y verduras, alimentos infantiles, productos lácteos bajos en grasa, granos enteros, mantequilla de maní, huevos, jugos y fórmulas infantiles fortificadas con hierro. El paquete de alimentos está diseñado para garantizar embarazos y nacimientos  saludables, y apoya el crecimiento y desarrollo de bebés, lactantes y niños pequeños.

También se otorgan cupones (vouchers) con valor en efectivo para la compra de opciones saludables de frutas y hortalizas en expendios al detal, o en mercados agrícolas (Farm markets), e instrumentos (papel o herramientas electrónicas emitidas por las clínicas de WIC para los alimentos elegibles), por ej. para adquirir compotas de frutas y hortalizas para bebés.

No podemos sustraernos de hacer comparaciones con los programas sociales de Venezuela. Para ello remitámonos a un Extracto del Reporte Nacional Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela. Derecho a la Alimentación, de diciembre de 2018:

En 2018, los datos preliminares de la ENCOVI 2018, indicaron que la pobreza general había alcanzado a 94% de la población y 63% dependía de comprar una ración de alimentos a precios subsidiados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), grupos conformados por su lealtad política al gobierno. El acceso a las “Cajas Clap”, como se le denomina, exige un carnet que suministra un código electrónico de afiliación; además, sus costos y frecuencia son irregulares, no cumplen con estándares nutricionales ni alimentarios y la forma de distribución se presta para prácticas discriminatorias, coercitivas y de corrupción que violan el derecho a la alimentación.

En MiradorSalud hemos publicado artículos como “De ayudas alimentarias en bolsas, paquetes, cupones y otras cosas”, y “Transferencias monetarias (bonos): idealmente condicionadas a educación, salud y nutrición con seguimiento y determinación de impacto”, en los que hemos discutido programas asistenciales de varias partes del mundo. Igualmente dedicamos un artículo al Programa WIC de EE.UU.

WIC es un programa tan importante que, en enero de 2017, con el apoyo del Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los EE. UU, las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicinaconvocaron a un comité de expertos para revisar y evaluar el estado nutricional y las necesidades alimentarias y nutricionales de la población elegible para WIC y proporcionar información específica, recomendaciones basadas en su revisión y en la ciencia más reciente disponible.

Los expertos formularon recomendaciones sobre cambios en el paquete de alimentos actual para aumentar la flexibilidad en el número y tipo de productos y ofrecer una mayor variedad de los productos que contienen, de reconocida calidad nutricional. De ser aceptadas estas recomendaciones que por ejemplo permiten la sustitución de jugos y frutas y hortalizas envasadas por frutas y hortalizas frescas, se aumentará adicionalmente el acceso a frutas y hortalizas entre los participantes de WIC. El programa WIC se ha beneficiado enormemente de las evaluaciones y la investigación de alta calidad centrada en su impacto, que ha demostrado ser muy positivo en las familias de bajos ingresos.

¡Cuán alejado esto de los productos que vienen en una caja Clap! Si bien permite comprar a precios muy bajos un número limitado de productos, los beneficiarios no ejercen tipo de autodeterminación respecto a la elección de los artículos per se, marca o cantidad. Pero es que tampoco vienen recomendados y seleccionados por un ente gestor nacional de nutrición y alimentación. Los consumidores de CLAP nunca han podido comprar los alimentos que quieren comer. Reciben una caja de comida que nunca sabe qué contendrá, o si va a llegar a la frecuencia ofrecida. A veces simplemente no llega. Los productos en la caja son importados con mayor frecuencia principalmente de México y Panamá, y ha habido denuncias sobre su falta de adecuación al patrón cultural de Venezuela, y sobre composición y calidad nutritiva, algunas comprobadas como las de la calidad de las leches en polvo importadas de México.

¿Se hará alguna vez una evaluación seria del impacto de Clap en la población beneficiada?

Imposible no comparar.

María Soledad Tapia

[email protected]

Publicado en Mirador Salud, el 

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