La muerte de los médicos en Venezuela

En realidad, la muerte de un médico -en cualquier lugar del mundo- por las causas que actualmente la motivan en Venezuela, no tiene otro calificativo como no sea la Tragedia. Entre los trabajadores venezolanos de la salud, estoy seguro de que habrá consenso en calificar como tragedia la muerte de cualquier miembro de un equipo de salud que, desde hace ocho meses, y pese a las carencias de los recursos adecuados, han estado en la primera línea de atención clínica para rescatar del COVID-19- a cada paciente.

Aclaro, la especificidad del título de este artículo: “La muerte de los médicos…” de ningún modo excluye a los otros integrantes de los equipos de salud que, con la entereza de estar trabajando al modo como se trabajaría en un campo de batalla, exponen lo más valioso y trascendente que tienen y tendrán que es su propia vida; y esto lo hacen por ser fiel a un supravalor estructurado en la conciencia del médico que es servir al paciente y con ello a la vida.

Si sabemos más por experiencia propia que por formación profesional la compleja relación que frecuentemente establece el médico con la muerte de sus pacientes, imaginemos entonces por un momento el impacto que causa la muerte de un colega cuando la causa ha sido la carencia de los recursos de bioseguridad y otros déficits en los ambientes hospitalarios.

Soy del parecer de que este tema no ha sido considerado debidamente por los medios, por la sociedad civil, mucho menos por los responsables de las políticas de salud pública en el país. Una simple estimación como lo es relacionar porcentualmente la población venezolana con la cantidad de médicos activos en el país y la cantidad de médicos fallecidos por el COVID-19- nos evidenciará el enorme problema que día a día, minuto a minuto estamos padeciendo ¡óigase bien!, todos los venezolanos desde hace ocho meses y, para mayor gravedad, en un escenario donde no se divisan señales de cambio.

Cuando me refiero a que la muerte de un médico es un problema que “estamos padeciendo todos los venezolanos”, no estoy exagerando: es un problema aún mayor porque la tragedia comienza mucho antes de la muerte del médico, luego se hace más dolorosa cuando ocurre el deceso, e inmediatamente con el fallecimiento del colega se profundiza aún más el problema de nuestro ya deplorable sistema de salud.

La relación de los médicos con la muerte de sus pacientes no es un evento que éste vive desde lo meramente biológico. Es un proceso que, en ocasiones, afecta directamente la salud psíquica del profesional. Por ejemplo, en aquellos casos cuando ya es inminente el fallecimiento del paciente los dilemas del médico tratante pueden afectar la relación con su paciente, la administración del tratamiento, la relación con los familiares del paciente, y como ya lo hemos apuntado la conducta misma del médico.

En el caso actual de esta pandemia, esa probable confluencia de dilemas y sentimientos contradictorios que podrá vivir aquel médico que atiende a un colega con altos riesgos de fallecer será un episodio altamente perturbador que no debe quedarse en un asunto para la consideración y atención de los profesionales de la sicología y los psiquiatras, ¡no..!, es un problema que debe ser objeto de concientización en la sociedad y formar parte de los reclamos que ésta debe hacer al gobierno como principal responsable de perder un médico en un país que vive una crisis humanitaria cuyo epicentro está justamente en la salud pública, agravada ostensiblemente por la imposibilidad de atender a las personas contagiadas de COVID-19- y en condiciones de alto riesgo —no conforme a los estándares internacionales, porque sería una ingenua ilusión sino —por lo menos con los recursos elementales y básicos que toda sociedad merece; por el respeto al ser humano y a su innata dignidad que a todos nos acompaña.

Es tal la crisis en el sistema de salud que después de cuarenta años de haber ejercido mi especialidad en contextos científicos y tecnológicos muy aceptables, hoy estoy clamando por agua, luz eléctrica, bioseguridad, oxígeno y un modesto apoyo para las pruebas de laboratorio y los estudios de imagenología.

Sabemos de muchas organizaciones civiles sin fines de lucro que captan artículos de seguridad para los médicos que están atendiendo pacientes con COVID en los hospitales y otros centros de atención pública, pero lamentablemente, y a pesar del valioso esfuerzo, no se llega a satisfacer la urgente y progresiva demanda de estos recursos, ni siquiera en un porcentaje representativo. Pareciera que el ciudadano no tiene claridad acerca de la función del médico, de la indispensabilidad del servicio; pareciera que hubiese unas representaciones sociales un tanto distorsionadas de lo que es el médico— de alguna forma somos responsables de esa distorsión–, pareciera que el ciudadano además de percibirnos inmunes ante cualquier patología, nos percibe simultáneamente como seres inmortales.

Vemos como los diferentes gremios que protestan por sus legítimas reivindicaciones —entre ellas el servicio de salud— no reclaman también a favor de mejorar las condiciones de trabajo del médico desde donde, a su vez, recibirán la asistencia que solicitan. Este aislamiento de los grupos sociales al momento de reclamar sus derechos, refleja la progresiva pérdida de solidaridad y la ceguera política de algunos gremios.

Ahora bien, ¿qué hay detrás de este caos del sistema nacional de salud que nos ha llevado, incluso, a clamar por el más básico, universal e indispensable servicio de agua y luz eléctrica para los hospitales públicos en medio del asedio de esta pandemia? Veamos:

• Venezuela es un país ubicado en el norte de América del sur, con una superficie territorial de 912.050 Km2 y una población aproximada de treinta millones de habitantes de los cuales más de cinco millones han migrado en un lapso de diez años. El país ocupa la posición 48 de la tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad poblacional de 32 habitantes por Km2.
• Venezuela presenta un alto porcentaje de médicos fallecidos por coronavirus como consecuencia de los contagios totales en el país. Una situación que deja en evidencia la grave crisis que enfrenta el sector sanitario y con ello el cuestionable desempeño del actual gobierno. A tan solo ocho meses desde que se anunció el primer contagiado en el país, las cifras de infectados, asintomáticos positivos, enfermos y fallecidos son un completo desorden, una riesgosa inconsistencia, e incluso una paradójica cadena de versiones oficiales confirmando que no tenemos una fuente oficial confiable y fidedigna.

Por ejemplo, las cifras totales de infectados por COVID-19 y sus defunciones es otra de las incoherencias de este gobierno “socialista” que pregona que somos una potencia pero hacia el caos. Hay dos o tres listas con cifras de infectados y defunciones cuyos números no son coincidentes: a) las oficiales dadas por el Gobierno; b) las que ofrecen algunas ONG como Médicos Unidos por Venezuela y c) los casos que tú ves y cuentas con tus propios dedos en los centros de salud llamados centros centinelas; esta distorsión contribuye a una falsa visión que nos lleva a la creación de datos artificiales y por supuesto a la instauración de políticas y estrategias equivocadas que complican aún más la situación sanitaria del país.

Por otro lado, la corrupción denunciada y comprobada por la sociedad civil, por algunas ONG y las autoridades de salud en los organismos internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (DD.HH), los Foros Internacionales, los Congresos de Medicina, la diversidad de artículos en revistas científicas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria y seriedad, han dejado constancia de la desviación intencional de grandes sumas de dinero, para cuentas personales de administradores públicos y allegados al “poder”.

Todos los médicos que hacemos vida hospitalaria desde hace muchos años sabemos que la causa más determinante de las muertes del personal sanitario radica en la más completa indefensión o desamparo en que estos colegas trabajan en nuestros hospitales públicos, en los centros de salud y CDI. Con frecuencia vemos a los colegas sin equipos de bioseguridad, con apenas un roído tapaboca que lo usan todos los días y todo el día, con una bata blanca casi transparente pues la tienen que lavar todas las noches para el día siguiente volverla a usar.
En las áreas de COVID de los hospitales centinelas, sólo te proporcionan ropa de bioseguridad, bata especial, gorra, tapaboca, mascarilla protectora y guantes sólo dos veces al día; si un paciente presenta una emergencia imprevista, el médico tiene que entrar a riesgo muchas veces con solo un tapaboca.

Las desviaciones de las partidas especiales, la falta de dotación adecuada, de mantenimiento continuo y permanente de los equipos médicos, de laboratorio, radiología, de las instalaciones eléctricas y el suministro de agua potable, así como la eliminación de aguas servidas, de material biológico. Por otro lado, la gran cantidad de plantas físicas inconclusas para hospitales, y otras abandonadas casi al finalizar la obra por graves desperfectos y fallas de diseño, cálculo y construcción; la ausencia de procesos de licitación equilibrados y supervisados; los presupuestos abultados conscientemente para beneficiar a estos mercaderes de la salud; el soborno, la compra de material por personal sin conocimiento técnico, sólo por pertenecer al partido del Estado o ser amigo, familiar o muy allegado al gobernador, al secretario de gobierno, al director o al ministro de salud, son algunas de las explicaciones de esta triste realidad de un país que un día creyó en un militar populista.
Nuestros médicos, la mayoría de choque, personal muy joven y algunos no tan jóvenes pero que no tienen ¿(SEGURO?) los insumos y material de bioprotección y una ausencia absoluta de supervisión y vigilancia diaria para calibrar y controlar ese trabajo, han dado muestras de un enorme sacrificio y heroicidad con su entrega, muchas veces de su propia vida.

En resumidas cuentas, seguro estoy de que la causa del mayor número de muertes en el personal sanitario no es un cambio en la patogenia del virus, ni un inóculo mayor, sino la falta de protección de bioseguridad para tratar y controlar los pacientes de COVID-19- en una población desnutrida, con una dieta pobre en proteínas y rica en carbohidratos y harinas y con un estado mental preso por la ansiedad y la angustia, por la incertidumbre de vivir en un país de sorpresas, de improvisaciones, donde no tenemos luz eléctrica en forma continua, agua potable, CANTV, internet, gas doméstico, transporte público y una inseguridad reinante en los principales barrios y urbanizaciones de nuestras ciudades.

Un país donde todos los marcadores macroeconómicos están en rojo, con un gobierno que dice estar guiado por un enfoque marxista del Estado y la sociedad; unos gobernantes que favorecen lo ideológico en áreas donde el criterio científico o técnico es lo innegablemente apropiado; un gobierno con muy pocos especialistas en las principales materias del Estado como lo es la salud, la economía, la productividad y la seguridad, no puede entregar otros resultados como no sea una cadena de errores y violaciones constitucionales que nos han llevado a la quiebra de la democracia y con ello del país mismo.